Foto: Concejo de Bogotá
El Gobierno nacional se prepara para modificar las reglas con las que las autoridades deben actuar frente a las manifestaciones públicas y la propuesta ya genera debate en Bogotá. El Ministerio del Interior publicó el proyecto que modifica y adiciona disposiciones del Decreto 003 de 2021, mientras el concejal David Saavedra cuestionó que la discusión pueda terminar colocando bajo una misma mirada a quienes ejercen el derecho a protestar y a quienes cometen delitos durante una movilización.
El proyecto fue publicado el 28 de septiembre y permanece abierto a comentarios hasta el 4 de octubre. De acuerdo con el Ministerio del Interior, la iniciativa busca actualizar el marco de actuación estatal frente a las manifestaciones, fortalecer la prevención, el diálogo y la coordinación institucional y precisar las reglas para la intervención de las autoridades cuando existan afectaciones al orden público o a terceros.
Para Saavedra, el debate debe partir de una distinción que considera fundamental: una cosa es participar en una manifestación y otra cometer un delito durante ella.
“Claro que necesitamos autoridad. Y siempre he creído que el derecho a la protesta llega hasta donde afecta de manera sostenida los derechos de los demás. Pero una cosa es ejercer ese derecho y otra muy distinta cometer un delito”, afirmó.
El concejal también cuestionó el respaldo expresado por el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, frente al proyecto, y advirtió que la actuación institucional no debería partir de una presunción de mala fe contra quienes salen a las calles.
Su planteamiento no supone, según explicó, renunciar a la intervención de las autoridades. Por el contrario, sostuvo que quienes agredan, destruyan bienes o incurran en conductas delictivas deben responder individualmente por sus actuaciones, pero sin que esas conductas terminen definiendo el tratamiento de toda una movilización.
“Si alguien agrede, destruye o delinque, tiene que responder por sus actos. Pero no podemos meter en el mismo saco a quienes salen a protestar y a quienes cometen delitos. La autoridad tiene que ser capaz de diferenciar y actuar de manera proporcional”, señaló.
Los datos oficiales de Bogotá son parte de la discusión. De las 1.697 movilizaciones registradas hasta el 30 de noviembre de 2025, el 95,3 % se desarrolló sin hechos de violencia, con autorregulación y acompañamiento interinstitucional. El 4,7 % requirió intervención policial, porcentaje que fue inferior al 5,3 % registrado durante 2024.
El balance de la Secretaría Distrital de Gobierno también muestra que la protesta continuó siendo una actividad frecuente en la capital. Mayo concentró 231 movilizaciones, mientras los plantones representaron el 42,9 % de las modalidades registradas y las tomas el 23,3 %. El 66,6 % de los eventos se concentró en localidades del centro de Bogotá.
Es en ese escenario donde Saavedra defiende el papel de los Gestores de Convivencia y de las estrategias de diálogo y mediación. Para el concejal, la capacidad de intervenir antes de que una movilización escale hacia una confrontación también hace parte de la respuesta institucional.
“Más del 95% de las manifestaciones no requirió intervención de la Policía. Eso también hay que decirlo. El diálogo ha funcionado y tenemos que fortalecerlo. No podemos construir toda una política sobre los casos excepcionales y terminar tratando la protesta como un problema de orden público”, sostuvo.
La propuesta del Ministerio todavía no es una norma definitiva. Al tratarse de un proyecto de decreto, las observaciones recibidas durante el periodo de publicación pueden dar lugar a modificaciones antes de que avance hacia su expedición.
La discusión queda así planteada entre dos asuntos que el propio proyecto busca abordar: cómo garantizar el derecho a la manifestación pública y, al mismo tiempo, cómo deben actuar las autoridades cuando durante una protesta se presentan agresiones, daños o afectaciones a terceros.
Para Saavedra, la respuesta está en no confundir ambos escenarios.
“Si alguien comete un delito, tiene que responder por ese delito. Pero eso no convierte a quienes se están manifestando en un problema de seguridad. El Estado tiene que perseguir el delito, no el derecho a protestar”, concluyó.
